La Agencia Nacional de Hidrocarburos intensificó operativos para evitar el desvío y acopio ilegal de carburantes. Hay nueve estaciones de servicio en investigación.
Más de 4.000 vehículos fueron bloqueados en Bolivia luego de que se identificara que cargaron combustible de manera recurrente en medio de la escasez que enfrenta el país, informó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, en entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
Como parte de los controles para evitar el comercio ilegal de carburantes, la ANH implementó mecanismos para verificar la cantidad de veces que un auto carga combustible. Sin embargo, manifestó que hay redes que se dan la forma para “burlar la comercialización” mediante el cambio de placas o alteraciones en los datos.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, el acopio y desvío de combustible provoca que los volúmenes que normalmente abastecen a una región sean insuficientes.
Desde hace al menos dos años que Bolivia enfrenta periodos cada vez más prolongados de escasez de diésel y gasolina, a raíz de la baja producción local de carburantes y las crecientes dificultades de importación. En 2024 el país destinó 3.349 millones de dólares para comprar el 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda interna y para esta gestión el Presupuesto General del Estado destinó 56 millones semanales, que según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) resultan insuficientes.
Adicionalmente el Estado boliviano mantiene una política de subsidio a los combustibles, es decir que los vende a un precio menor que el de la compra., lo que ha debilitado su economía. Desde 2005 que los precios están congelados y la situación se ha vuelto compleja para el presupuesto público debido a que tanto los costos como los volúmenes de importación han aumentado con el paso de los años.
En Bolivia el litro de gasolina y diésel se comercializa a un aproximado de 0,53 dólares cuando, según las estimaciones realizadas por el Gobierno a finales de noviembre, el precio tendría que ser más del doble y oscilar entre 1,20 y 1,25 dólares. El bajo precio a nivel nacional ha dado surgimiento a redes de contrabando dentro y fuera del país, y se estima que el país pierde cerca de 600 millones de dólares anuales por la venta ilegal en las fronteras.
El presidente Luis Arce manifestó que el abastecimiento de combustibles no está garantizado y responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el retraso en la aprobación de créditos externos, que si bien están ligados a proyectos de inversión pública, generarían liquidez en dólares. Por otro lado, sostiene que en su gestión se realizaron proyectos de exploración de hidrocarburos exitosos que permitirán superar la crisis de manera estructural en los próximos años.
Por lo pronto, el Gobierno autorizó la compra y comercialización de carburantes a actores privados y más de 80 empresas recibieron autorización para importar. Sin embargo, los volúmenes que adquirieron solo representan entre el 2% y 3% de la cifra que permitida, informó Jiménez.
El funcionario detalló que son 88 empresas las autorizadas, de las cuales 66 importan para consumo propio. Hasta el mes de junio compraron 1.586 metros cúbicos (equivalente a 1,5 millones de litros) de los 56 millones de litros que están autorizadas a importar.
